Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para la defensa de los derechos humanos. Ser defensor de derechos humanos en Colombia implica graves riesgos. La situación es más complicada para las mujeres que ejercen tal defensoría.
Ser defensor de derechos humanos en Colombia
Según un informe de Front Line Defenders, Colombia concentró casi la mitad de los asesinatos mundiales de defensores de derechos humanos durante 2023.
El dato indica que el país suramericano es el más peligroso del mundo para los defensores.
Los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, al suroccidente y occidente del país, son especialmente afectados.
La situación es más complicada para las mujeres que ejercen tal defensoría. A la violencia propia de su labor, se agrega la de género.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, desde su inicio, tuvo como meta el freno de los asesinatos.
A pesar de las buenas intenciones, el objetivo no se ha cumplido por múltiples causas.
Las dinámicas de la violencia son cambiantes y complicadas, y la “paz total” no avanza como se quisiera.
Asesinato de defensores de derechos humanos se mantiene
Colombia cuenta con el marco jurídico necesario para que la seguridad de los defensores de derechos humanos sea garantizado por instituciones como la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.
El Gobierno progresista de Petro adoptó el Plan de Emergencia Para la Protección de Líderes, Lideresas y Reincorporados, una medida choque que reactiva instancias relegadas por el gobierno de Iván Duque.
A pesar de ese marco legal, la larga existencia de una estructura institucional y burocrática de protección, y de la voluntad política del nuevo Gobierno, el asesinato de los defensores se mantiene, y, en varias zonas, se incrementa.
Las razones de la persistencia son diversas.
Colombia afronta una violencia arraigada y compleja, con actores de varios órdenes e intereses entrecruzados.
Falta una adecuada articulación entre las entidades públicas, y existen limitaciones presupuestales.
Además, muchas instituciones del país están tomadas por la corrupción.
«La violencia ha sido un factor a través del cual se ha buscado, vía del poder armado, generar esa zozobra, para que no haya la denuncia, para que no haya la insumisión. Es una forma de doblegar, una manera de apaciguar también la voluntad y muchas veces la consciencia de quienes tienen algo para decir en contra de quien detenta un poder» (Jonatan Rojo).
La institucionalidad infiltrada
Poderosas mafias cuentan con estructuras de información, presión e influencia al interior de la institucionalidad del país, y los órganos de protección no son la excepción.
Por el contrario, están en la mira de las organizaciones criminales, detrás de las que actúan intereses de grandes capitales legales e ilegales, nacionales y extranjeros.
Un intrincado y cambiante fenómeno de décadas no se soluciona en pocos años.
Lo que sí es claro es la urgencia de garantizar la vida de quienes lo dan todo con tal de proteger el territorio y su población de la acción de los grupos armados que imperan.
«Ha habido sentencias que demuestran que los aparatos de poder, especialmente, aquellos que tienen la autoridad y que tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, fueron puestos al servicio de diferentes grupos de poder políticos, sectores armados del narcotráfico, del paramilitarismo, que con la complicidad se encargaron de generar un exterminio. El caso puntual lo conocemos con la Unión Patriótica» (Jonatan Rojo).
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Documental producido por dXmedio para el canal internacional iraní HispanTV.
TESTIMONIOS DE:
Jonatan Rojo (líder social y político). Erika Gómez Ardila (defensora de derechos humanos). Mireya Oviedo (defensora de los derechos de las mujeres). Gelasio Cardona Serna (defensor de DD. HH.).
