En marzo de 2024, el periódico israelí Haaretz publicó un artículo relacionado con Colombia, que, tanto en Israel, como en Colombia, pasó casi desapercibido.
O así lo pareció.
Haaretz es uno de los periódicos más leídos de Israel.
El artículo, publicado por el periodista Gur Megido, denunció que una agencia gubernamental, durante el anterior Gobierno de Iván Duque Márquez, había adquirido el programa israelí de espionaje Pegasus en Colombia.
El Pegasu de NSO Group
Pegasus es el nombre dado por el grupo israelí NSO al programa espía de su propiedad.
Pegasus es una herramienta invasora de vigilancia cibernética, que se basa en métodos de piratería informática.
Según el periódico inglés The Guardian, se trata del “programa espía más potente jamás desarrollado” por una empresa privada.
La aplicación, una vez instalada, convierte los teléfonos en dispositivos de acecho las 24 horas del día.
Quienes utilizan el programa obtienen el posicionamiento preciso de las víctimas, interceptan sus mensajes, contraseñas y contactos. Rastrean desplazamientos e interacciones, historial de navegación, en fin. Pueden grabarlas y filmarlas.
El programa israelí de espionaje Pegasus fue desarrollado, comercializado y autorizado por NSO Group para gobiernos de todo el mundo.
Por Pegasus, el Departamento de Comercio de EE. UU. añadió a NSO Group a su lista negra de entidades, desde el 4 de noviembre de 2021.
La razón, sencilla: por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o a los intereses de política exterior de Estados Unidos».
El Departamento de Comercio estadounidense afirmó que NSO Group «desarrolló y suministró programas espía a gobiernos extranjeros que utilizaban estas herramientas para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas».
Pegasus infecta millones de teléfonos en segundos, independientemente de que el sistema operativo sea iOS o Android, y sin que la víctima precise siquiera de un clic o de cualquier acción.
Programa prescrito para autócratas y represores
Pegasus es un programa ideal para gobiernos autócratas y represores, vinculado en numerosas ocasiones a violaciones de los derechos humanos y represión transnacional.
Hay serios indicios, por ejemplo, de que el programa fue utilizado para facilitar el asesinato del periodista árabe Jamal Khashoggi.
Los teléfonos de colaboradores cercanos y de la propia novia de Khashoggi fueron infestados con el virus informático, para espiar y monitorear los movimientos del periodista en los meses previos a su asesinato.
Empresas israelíes como Cellebrite, Cytrox, Candiru, y, desde luego, NSO Group, figuran entre las principales abastecedoras mundiales de las cuestionadas herramientas.
Israel es el principal exportador de programas espía y de herramientas forenses digitales documentadas en el inventario global del Instituto Carnegie.
Cincuenta y seis, de setenta y cuatro gobiernos han adquirido aplicaciones espías comerciales y tecnologías forenses digitales de empresas con sede en Israel o conectadas con él.
Las empresas israelíes actúan de manera abierta, o tras bambalinas, a través de tercerizaciones y subsidiarias de pantalla.
Programa israelí de espionaje Pegasus
De acuerdo con las más recientes investigaciones, Colombia adquirió el programa de espionaje durante el Gobierno de Iván Duque.
La investigación periodística israelí determinó que el pago de trece, luego establecido en once millones de dólares, se hizo en efectivo.
El pago se habría trasladado en dos vuelos Bogotá-Tel Aviv, con participación del propio director global de seguridad y dueño de NSO Group, el señor Ran Gonen, y de Yehuda Lahav, el gerente de negocios, según denuncia hecha por el propio presidente actual de Colombia, Gustavo Petro Urrego.
La información del presidente se sustentó en registros de Migración Colombia y de la Aeronáutica Civil.
La contraparte israelí en el negocio habría sido Yair Kulas, del ministerio de Defensa hasta 2022.
Desde entonces, Kulas se desempeñó como jefe de la agencia SIBAT, una entidad que ayuda a las empresas armamentistas israelitas a vender sus productos por el mundo.
Aquí entre nos: Duque y Netanyahu
Cabe señalar que los vínculos entre el Gobierno de Duque y el de Netanyahu fueron estrechos y activos.
Duque, su ministro de Defensa, Diego Molano, y varios funcionarios del alto gobierno y militares, visitaron Israel en 2021.
La agenda, además de ampliar los nexos comerciales, buscó estrechar los vínculos militares y de seguridad.
De resultar cierta esta operación, muchos interrogantes se plantean para la sociedad colombiana. Una sociedad en la que proliferan los escándalos sobre el abuso de los organismos de inteligencia.
Es claro que los sucesivos gobiernos colombianos, a lo largo del tiempo, han espiado a opositores, periodistas, magistrados, y líderes sociales, medio ambientales y de derechos humanos.
Las acusaciones de espionaje registradas, de manera particular, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, e Iván Duque, entre 2018 y 2022, fueron constantes.
Endoso de culpas
Muchos meses después de la denuncia periodística inicial, y varios más tarde de la presidencial, el Gobierno de EE. UU. reconoció la compra del programa.
Un reconocimiento, si se quiere, más grave que las sospechas iniciales, y que, en vez de ofrecer luz en torno a la adquisición, la oscurece más.
En 2021, el Departamento de Comercio de EE. UU. afirmó que NSO Group «desarrolló y suministró programas espía a gobiernos extranjeros que utilizaban estas herramientas para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas».
El Departamento de Comercio estadounidense también señaló que el programa espía Pegasus «permitió a los gobiernos extranjeros llevar a cabo una represión transnacional, que es la práctica de los gobiernos autoritarios de atacar a disidentes, periodistas y activistas fuera de sus fronteras soberanas para silenciar la disidencia».
Resulta extraña entonces una transacción bajo cuerda, efectuada sin seguir las leyes propias estadounidenses ni los lineamientos constitucionales colombianos, para adquirir un programa explícitamente prohibido y suministrarlo a un Gobierno, específicamente, acusado de las mismas prácticas por las que programa había sido prohibido.
La pega de Pegasus
Las dudas que siguen sobre la mesa son enormes.
La certificación del Gobierno de EE. UU. supone una violación de la soberanía del país.
La extrema derecha opositora en Colombia, desde luego, ha salido a tratar de justificar la compra porque detrás estaba el Gobierno estadounidense, como si eso no fuera aún peor.
Al fin y al cabo, se trata de una fuerza política traidora de los intereses del país, supeditada por décadas a las directrices de Washington.
Colombia cuenta de tiempo atrás con programas de interceptación legal, usados con aprobación judicial, y adquiridos de manera lícita, con gastos reservados, que son usados en labores de inteligencia y contrainteligencia.
La compra y uso de tales herramientas no se cuestiona.
Aquí lo que se trata es de establecer claridad acerca de la compra oscura de un programa internacionalmente cuestionado y, en la mayor parte de los países, prohibido.
Pegasus, textualmente y al parecer, no deja rastro
La reciente ruptura de relaciones entre Colombia e Israel, por supuesto, dificulta el avance de la investigación, máxime cuando el propio régimen israelí, al igual que el Gobierno de Duque, podrían estar involucrados en actos ilegales.
En Colombia, las Fuerzas Militares, la Policía, y entidades como la Procuraduría certificaron la inexistencia de contrato alguno que oficializara la compra.
Tampoco existe un convenio interadministrativo con ningún país, que indicara la legalidad de una operación de tal magnitud.
No podía ser de otro modo. Todo indica que la transacción, aunque millonaria en dólares y multimillonaria en pesos, no pasó por el sistema legal de compras públicas de la nación.
Sea como haya sido la adquisición de Pegasus, lo que queda claro es la falta de transparencia en la transacción.
La información por parte de algunos supuestos involucrados, incluido el Gobierno estadounidense, ha salido a cuenta gotas, siempre detrás de las investigaciones periodísticas de medios independientes, y de las denuncias del propio presidente Petro.
Los grandes medios han desempeñado un triste papel de ocultación de la verdad en Colombia, tanto acerca de la adquisición de Pegasus, como de su posible uso como herramienta de represión, espionaje y persecución.
La activista de extrema derecha, Vicki Dávila de Gneco, hasta hace poco directora de la revista Semana, llama la atención por su labor en defensa del Gobierno Duque.
Más Pegasus… ¿Idea o lapsus?
Cabe anotar que la adquisición de Pegasus coincide con los intentos de derrocamiento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, una acción de desestabilización e injerencia en la que el Gobierno Duque asumió un papel protagónico.
De otra parte, encaja con las fechas en que se desarrolló el paro nacional en Colombia, durante el cual la represión de Iván Duque alcanzó niveles extremos, con más de 80 jóvenes asesinados; 400 desaparecidos, muchísimos amputados, y cientos de heridos.
La persecución e interceptación de llamadas a periodistas, magistrados, líderes sociales y representantes de los movimientos sociales, y líderes opositores, previo a la campaña presidencial de 2022, también se intensificaron durante este período.
Para muchos, no resulta extraño que un programa de intrusión de las características de Pegasus fuera (¿o sea?) usado en el país.
Según Álvaro Uribe, se necesitan más Pegasus.
Espiaron, y no vieron cómo ni supieron con qué
En nombre de la seguridad, la violación de los DD. HH. que sean. No una mera teoría, sino una práctica que el propio expresidente volvió común durante su administración.
La única funcionaria que no ve rastros de nada es la procuradora Margarita Cabello.
Lo sorprendente es que viera algo.
Su lupa es nítida con respecto a sospechas que involucren a opositores políticos, pero turbia en lo que tiene que ver con las investigaciones de socios o copartidarios.
Y, por supuesto, es aún más turbia cuando una de las involucradas podría ser ella misma.
¿El programa Pegasus se utilizó en Colombia para monitorear actividades del narcotráfico o para la interceptación de llamadas?
El marcado tinte represor del Gobierno de Iván Duque no hace difícil la respuesta.
Su Gobierno de extrema derecha manejó la protesta social bajo la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos durante la guerra fría.
Para Duque, el pueblo movilizado en su contra era el enemigo interior.
Cuando hasta las armas no letales fueron usadas como armas letales por parte del cuerpo policial antidisturbios (SMAD), resulta difícil pensar que un programa creado para el espionaje y la piratería informática haya sido utilizado por la administración Duque sólo para monitorear narcotraficantes.
La excusa del monitoreo, claro está, es la única que le cabe a los exfuncionarios de Duque, y a Duque, toda vez que cualquier otro uso tendría que haber sido aprobado por un juez.
Algo que, a todas luces, ni se pensó ni se hizo.
Ver fuente en:
Canal internacional HispanTV.
