Negocios de paramilitares en la frontera con Venezuela y a lo largo y ancho del país. Se ha hablado, aunque no lo suficiente, del daño ocasionado por el paramilitarismo en Colombia, y algo de su cruce con los entornos políticos del país.
No obstante, se hace poca o ninguna referencia a la enorme penetración del fenómeno en la economía. Una realidad que no sólo es creciente y pujante, sino que alcanza la totalidad del territorio nacional.
Los negocios de paramilitares en la frontera con Venezuela, la más importante en extensión y niveles de comercio, tienen una historia larga. Durante los últimos años, la operación comercial de estos criminales ha aumentado desproporcionadamente, así como también se ha agrandado el número de las víctimas a su paso.
Las fronteras de Colombia enfrentan situaciones de tensión desde los distantes tiempos de la Independencia. Hemos perdido territorios por descuido, se han corrido los mojones en silencio, y las hemos violado para asesinar guerrilleros “en caliente”.
Las dirigencias dicen hacerlas respetar para despertar falsos sentimientos de patria, tal cual son la mayoría de los sentimientos patrioteros.
Si se trata de venezolanos o brasileños o ecuatorianos que cruzan de los puentes para acá, aunque vengan a mover con su dinero y monedas esas tierras olvidadas, son tildados de invasores o algo parecido. En Cúcuta, en Paraguachón, en Leticia, en Ipiales, la misma cosa.
Los habitantes de esas extrañas tierras llamadas fronteras son colombianos. O deberían serlo, aunque jamás han sido considerados como tales por ninguno de los sucesivos gobiernos nacionales. El Estado pocas veces llega hasta sus lindes. Y cuando lo hace, mejor que no lo hiciera.
El olvido que somos
La situación no cambia. Los departamentos de frontera colombianos son pobres y abandonados. Sea la frontera que sea: con Venezuela, Brasil, Panamá, Perú o Ecuador. Los fronterizos paisanos sobreviven sin políticas de generación de empleo digno y sin acceso a educación.
Con un sistema de salud peor que el del resto del país, lo cual es difícil de concebir. No les llegan los planes de vivienda, que apenas si asoman por Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Ni uno solo de los gobiernos colombianos ha generado políticas sociales para los habitantes de las fronteras.
De acuerdo con estudios del Departamento Nacional de Planeación y del PNUD, los doce departamentos y setenta municipios fronterizos, que suman 6301 kilómetros, exhiben indicadores por debajo de la media nacional y lejos de los de la capital. Así lo reconocen los datos oficiales de las estadísticas amañadas del DANE.
El cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano en estas zonas. No es una crisis nueva ni única, ni será la última. Es un problema de décadas, cuya solución siempre se ha esquivado.
La actual campaña anticontrabando del gobierno venezolano lleva un año, también según cifras oficiales, y deja 1185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19 000 toneladas de productos confiscadas. Las cifras se incrementaron en los días recientes.
Es un problema profundo, entre dos pueblos hermanos, cuya atención debe ser integral, y asumida de manera responsable y mancomunada por ambos gobiernos.
De Castaño al clan Barriga
La alianza entre paramilitarismo, narcotráfico y poder político es vieja en Norte de Santander. Data, al menos, de 1999, cuando la Casa Castaño le encargó a Salvatore Mancuso el control del Bloque Catatumbo.
El poderoso clan Barriga tuvo vínculos estrechos con “El Iguano”, comandante paramilitar reconocido, y con el asesinado narcotraficante Luís Pérez Mogollón, alias “El Pulpo”. (1)
Del Clan Barriga hacen parte tres insignes hermanos. Carlos Emiro, ex senador. Pedro Luis, multimillonario empresario de la construcción y de fábrica de asfalto, que según la ONG Progresar era el jefe de finanzas del “Bloque Catatumbo”. Y Rafael, alias “Toyota”, que amasó su gran fortuna como contrabandista prototipo de carros robados en Venezuela.
Si los tres mosqueteros eran cuatro, los tres apóstoles del Clan Barriga fueron cinco, o más. También figuraba Yensy Miranda Dávila, beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Yensy, un extraditable acusado por el juez Baltasar Garzón de efectuar envíos masivos de cocaína colombiana hacia Europa, a través de Venezuela, con escala en Guinea Bissau, en África. (2)
Los beneficiarios perversos
En la lista de beneficiarios directos, concurrentes, allegados y pupilos de estos vínculos perversos, existen dirigentes y líderes nacionales, regionales y locales. Hubo y hay senadores y ex senadores, representantes y exrepresentantes, exgobernadores y el actual gobernador, exalcaldes, secretarios de gobierno y hacienda, secretarios de todas las carteras.
Funcionarios y funcionarias de todas las pelambres, contratistas, terratenientes de la palma aceitera, concesionarios de la explotación de yacimientos petrolíferos y de la veta de carbón ubicada entre Sardinata y La Gabarra. En fin, buenos muchachos.
Muchos de los nombres presuntos, condenados o vinculados a investigaciones figuran en pesquisas previas, denuncias y menciones, desde 2006. El régimen de terror llevado a cabo contra testigos e investigadores no ha permitido mayores avances (3).
Oleada de negocios de paramilitares en la frontera con Venezuela
Pero hay verdades irrefutables: “La oleada paramilitar en El Catatumbo nortesantandereano dejó cerca de once mil campesinos (as) asesinados. Más de ciento treinta mil desplazados, y pasan de ochocientos los desaparecidos registrados” (4).
Las bandas criminales del paramilitarismo y del narcotráfico vieron una oportunidad excelsa en la frontera con Venezuela. La han aprovechado de la manera excesiva y despiadada que saben hacerlo.
Es un problema para Venezuela, cuyas pérdidas sólo en cuanto al contrabando de gasolina se estima que supera los 200 millones de dólares anuales. Una de las puntas del iceberg.
Ante todo, es un problema de Colombia y los colombianos, que también son víctimas del esquema implantado e implementado por el enlace entre los paramilitares, los narcotraficantes y la dirigencia política. Un gravísimo asunto interno que se desborda por las fronteras.
Cuando la legalidad es un capricho
La legalidad en Colombia es un capricho pasajero, pero la ilegalidad también es una moda repentina. Los escándalos son aprovechados por los medios de comunicación dominantes para tapar los asuntos inconvenientes que de verdad deberían importar. La curiosidad mediática jamás raspa el fondo de las ollas.
Tampoco la Justicia ni las autoridades administrativas y policiales, que prometen investigaciones que no harán o procesos que precluyen sin empezar. La legalidad y la ilegalidad aquí son conceptos maleables. La ausencia de ética y la abundancia de esguinces leguleyos vuelven indistintos los adjetivos acomodados en declaraciones hueras.
Las acciones, por su parte, se manifiestan según la oportunidad y los oportunismos, que sobran. La alharaca mediática denuncia lo mismo un acto reprochable que el irreprochable con tal de incrementar las audiencias. Y, sobre todo, para evitar que esas audiencias se enteren de los asuntos de fondo.
Es decir, los medios previenen que los ciudadanos se informen. Un acto ilegal quizás cause el golpe de pecho de un funcionario menor, un prelado sin moral santiguado, o algún opositor de izquierda soliviantado. Nada más.
Porque la ilegalidad no sólo está inserta en un negocio o en la sustancia de uso ilícito, sino que está enquistada en los endebles articulados de leyes hechas con el firme propósito de que no se cumplan. De que se cumplan a medias, o según la ocasión y el «marrano».
La deuda sin salida
Nunca se estableció con claridad si Artemo se suicidó o lo suicidaron. Si lo hizo con mano propia o con un poco de ayuda de los samaritanos prestamistas. Tomó un dinero que la usura no le permitió cancelar, pero también pudo no ser así.
De todas maneras, resulta difícil figurarse un destino distinto para él. Un «amigo fiel», más temprano que tarde, lo habría visitado con el fin de garantizar que su local no sería incendiado, o él asesinado a tiros una mañana cualquiera.
O para prevenir que su hija fuera secuestrada al salir del colegio, a cambio de lo cual tendría que abonar a diario una suma imposible, tasada calculadamente por encima de sus ingresos. El forzado pagaré de una deuda a perpetuidad.
Trances delincuenciales como este no se daban antes en Venezuela. Ahora avanzan en oleada de occidente a oriente. Algo sigue exportando Colombia hacia Venezuela. Una singular inercia, tal vez, de los seis mil millones de dólares que alguna vez alcanzaron las ventas.
La justicia colombiana no es que tenga tan vendados los ojos como la dama del símbolo. Sólo que se da por bien servida con alguna teoría más o menos creíble sobre la muerte de Artemo con tal de evitarse líos.
Mayúsculas turbaciones en las que el propio juez, una mañana cualquiera, podría terminar sepultado (textualmente) en la disyuntiva de quitarse la vida o suicidarse.
Referencias
(1) “El negocio de la droga en el bloque Catatumbo”. La República. Bogotá, 28 de abril de 2013.
(2) “Otro Extraditable recibió AIS.” Noticias UNO. Bogotá, 24 de octubre de 2009.
(3) Cepeda Castro, Iván. “Los campos de exterminio y las fosas comunes en El Catatumbo.” Derechos Humanos en Colombia. Bogotá, 1 de julio de 2006. Equipo Nizkor. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/catacumbo1.html
(4) Meneses Reyes, Carlos. “El clan Barriga: Parapolítica y negocios en Norte de Santander”. Portal Rebelión. 10 de marzo de 2014. En: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181817
