Inseguridad democrática para los indígenas es lo que representa Iván Duque en Colombia, al que guían criterios de exclusión, y que opera a partir de la coacción y persecusión a los pueblos originarios.
Para los indígenas colombianos, la “seguridad democrática”, implementada durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, representó asedio y muerte.
El actual presidente, que ha desconocido en la práctica el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, volvió a poner en práctica la misma política. Hoy, al igual que ayer, en realidad se trata de una categórica inseguridad democrática para los indígenas. Una ofensiva que no tiene límites.
Inseguridad democrática para los indígenas
Dos masacres ocurrieron en la última semana de octubre de 2019 al norte del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Durante el primer fin de semana de noviembre fueron asesinados dos indígenas y varios más desde entonces. Cerca de veinte personas, en unos cuantos días y la misma zona, y en el más completo mutismo institucional y mediático.
Ambas masacres y todas las muertes estaban pronosticadas. Las veían venir las comunidades, y los ministerios de Interior y Defensa, advertidos en reiteradas oportunidades, incluso, por la Defensoría del Pueblo.
Aunque no debería ser asunto de notificación, pues esa es la función de tales instituciones: advertir qué puede suceder en las zonas donde operan. Y saber cómo preservar la vida de quienes son objeto de su protección, sobre todo, en regiones de elevada conflagración.
Por desgracia, es la constante en un Gobierno indolente que hace poco por evitar la matazón de muertos de segunda, indígenas, afros, campesinos. Mejor dicho, un Gobierno que no hace nada, aparte de realizar intrascendentes consejos de seguridad. Mortandades sin cronistas, pero anunciadas.
Dejar quemar, sospechosamente, las pruebas que tiene en custodia. Disponer anillos de protección que son un peligro para los asegurados. Ingeniar planes de choque social que se estrellan sin salir de Bogotá. Eso es lo que se tiene por la actuación del Estado.
La pléyade de incompetentes
Otra táctica manida e inútil fue enviar de urgencia al exministro de Defensa, el comerciante Lorenzo Guillermo Botero. El funcionario más inepto que hubo entre una pléyade de incompetentes que aún no se van.
Un comisionado de paz, el engominado señor Miguel Ceballos, con lenguaje de cruzado de guerra, que pasó indemne por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Quien mandó al traste los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de paso multiplicó por tres, en pocos meses, el número de sus guerrilleros.
Una ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, íntegramente acomodada afuera de la realidad, que asevera que los indígenas son los causantes de su propio infortunio.
Un negacionista del conflicto armado, Rubén Darío Acevedo, al frente, precisamente, de la institución creada para comprenderlo y no olvidarlo, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un desalmado es el alma de la memoria en un país desmemoriado.
Defensor de DDHH que atenta contra los DDHH
Un consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, que le acomoda los desmanes del SMAD a la falta de autocontrol de quienes participan en las protestas sociales. El descerebrado que expone en público, como si fuera una noticia, que el asesinato de líderes sociales se redujo en un 47%, entre enero y octubre de 2019, en 48 municipios (RCN).
No incluyó en la estadística a los 1075 municipios restantes, que, incluso, para el gubernamental Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también hacen parte del país. No lo hizo, claro está, porque apenas con la décima parte de esa cifra sus execrables estadísticas no cuadran.
En este gobierno de burócratas en la antípoda de los cometidos institucionales y desde la perspectiva del revés, el desprestigiado exministro de Defensa Botero pudo ser competente.
Y bien que lo fue, de hecho, a la hora de proteger al indefenso terrateniente, al desvalido patrono paramilitar, a la desvalida agroindustria azucarera o palmera. Y a algunas otras sabandijas desamparadas y por el estilo que el capitalismo criollo produce a granel.
De la Defensa y los desprotegidos
En la primera masacre, asesinaron a una gobernadora y cuatro guardias indígenas nasas. Menos de 48 horas después, a escasos 15 kilómetros, las víctimas fueron cuatro contratistas que efectuaban mediciones topográficas en una área de cultivos ilícitos. Al rato aparecería el cadáver del escolta que cuidaba a otro líder indígena.
Horas antes de la matazón ametrallaron al líder campesino Flower Trompeta, con disparos de ráfaga por la espalda. En un combate, sostuvo el Ejército. En un combate que no existió, dicen las circunstancias.
Entonces, uno se pregunta: ¿ronda de nuevo el fantasma de los asesinatos extrajudiciales, eufemísticamente, llamados «falsos positivos”?
No, afirmó de manera tajante el susodicho exministro de Defensa. Quién sabe, pensamos la mayoría de sus compatriotas. Que, de chasco en chasco, aprendimos a desconfiar de sus contundentes y mentirosas confirmaciones.
¡Quién va a saberlo!, si hasta no hace nada existía una directriz que estimulaba el logro de resultados a como diera lugar. O todavía ha de existir, quién lo sabe, oculta entre qué resolución y con cuál seudónimo. Esos resultados, en todo caso, son enemigos dados de baja. Y los enemigos dados de baja son colombianos, de ninguna otra parte, pero de poca prosapia.
Política gubernamental asesina y mediática
Mataron delincuentes, sí, quizás, tal vez, pero, sobre todo, masacraron a jóvenes inofensivos. Jóvenes acorralados por una patria que no ofrece futuro, engañados con la falsa promesa de un trabajo, ejecutados como perros y disfrazados de guerrilleros.
Miles de muchachos, hace unos años. Asesinatos a mansalva cometidos por una serie de militares criminales, o comprados a bandas de asesinos conectadas son batallones y brigadas.
El incentivo estaba puesto desde arriba, no de otra parte, en una cadena de mando férrea. Muchos bandidos disfrazados de militares cedieron a la tentación. El acicate, visto desde afuera, ínfimo, considerado desde adentro, quizás, no tanto.
Otros militares, esos sí de verdad, despreciaron la directriz de los políticos oportunistas y padecieron por su dignidad. Su propia decencia, al contrariar las órdenes perversas, los hizo también víctimas.
Son los mal llamados “falsos positivos”, que el Centro de Memoria no consigue recordar y que los grandes medios de comunicación se abstienen de llamar por su verdadero nombre. Una política gubernamental asesina y mediática.
Y, otra vez, hace apenas unos meses, más niños son víctimas. Los menores son asesinados en un bombardeo militar en el departamento de Caquetá. Una faena perversa en la cual las argumentaciones a favor de su legalidad acrecientan las certezas de lo opuesto.
Claramente: que el entonces ministro de Defensa, los altos mandos militares y los jurídicos que autorizaron la operación (¿ejecución?) tenían previo conocimiento de que en el objetivo había menores de edad. Ocho, o quizás dieciocho (W Radio).
El dato minucioso lo sabremos cuando Medicina Legal termine de armar los cuarenta fragmentos de cuerpos de niños que consiguió recuperar. O que le dejaron recoger.
Sabían porque sabían
¿Hasta cuándo será que los ciudadanos adormilados por las mentiras soporíferas de los grandes medios tragarán el cuento de que ni el presidente ni los altos mandos militares, ni nadie en la elevada cima del Comando Central, tenían idea de que entre los objetivos había menores de edad, o de que pudiera haberlos?
¡Cómo así que nadie tomó nota de la denuncia repetida de un alcalde!, Humberto Sánchez, de San Vicente del Caguán, del ¡Centro Democrático!, además. O de las muy valerosas de un personero, Herner Carreño, de Puerto Rico.
Ni de las advertencias de la Defensoría del Pueblo. O de los avisos de varias familias atormentadas, en una zona en la que se llevan a cabo consejos de seguridad por costumbre. Adonde, igualmente, actúa la ponderada red de inteligencia militar, y donde, desde hace meses, es vox populi el reclutamiento forzado de menores.
Consejos de seguridad de los que hacen parte, según investigación del portal La Silla Vacía, «la Fiscalía, la Personería, el Comando Específico del Caguán, la Sexta División, la Fuerza de Tarea Júpiter, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (que realizó el bombardeo), la Policía Nacional y la Administración Municipal”.
Todos sabían lo que hacían. Y en la justicia terrenal ordinaria ni siquiera tiene perdón el que no sabe lo que hace y viola una ley. ¿Por qué sí han de tenerlo quienes sabiendo bien lo que hacen cometen tales asesinatos y masacres?
La nula valía de la vida
Seamos claros: a quienes adelantaron el operativo les valían poco los principios de precaución y proporcionalidad, y tienen un concepto tan desequilibrado de los principios de seguridad y necesidad, que los antepusieron a la vida de tantos niños.
La existencia, más allá de la frontera de los pudientes, no les merece la pena. Menos les importa la de indígenas, campesinos, poblaciones afro, o las de cualquier minoría étnica. Ni siquiera les importuna que se trate de cegar la vida de niños y adolescentes.
Son pobres, y eso basta. Y eso, también, es suficiente para que los ciudadanos de bien eximan a los victimarios, a los perpetradores por determinación, acción u omisión. Unos golpes de pecho, a lo sumo, excusan de responsabilidades al grueso de la sociedad. ¡País degenerado!
Ver también
Muerte a indígenas
